La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado, tiene “la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general”

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó hoy el proyecto de ley que declara la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de agilizar los procedimientos de licitación y contratación de las dependencias estatales.

La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado, tiene “la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general”, según se consignó en el proyecto.

La iniciativa, había sido girada a la Legislatura en diciembre pasado por la gobernadora María Eugenia Vidal en conjunto con la Ley de Presupuesto, aunque los legisladores no la trataron y postergaron hasta hoy su aprobación.

Es que el proyecto original debió ser modificado en la legislatura para que el oficialismo consiga el apoyo del Frente Renovador y el FAP, lo que le aseguró la aprobación ya que la bancada del Frente para la Victoria votó en contra.

Autoriza a ministerios y secretarias a ejecutar obras y contratar provisión de bienes y servicios bajo los mecanismos de excepción de algunos organismos de control.

También podrán diferir el requerimiento de constancia de inscripción al en los Registros de Proveedores y Licitadores y, en este último caso, a considerar cumplimentado provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP).

El diputado de Cambiemos, César Torres sostuvo que “esperamos que sea la última vez que tengamos que votar una emergencia y que los bonaerenses salgamos de la crisis” a la que atribuyó a “responsabilidades políticas”.

“La gobernadora tomó el compromiso de solucionar los problemas . Para eso hace falta un plan maestro para terminar con las emergencias”, graficó y detalló que sólo en materia habitacional la provincia tiene un “déficit de más de un millón de viviendas”.

Sin embargo, desde el Frente para la Victoria rechazaron el proyecto por entender que “hay necesidad de obra pública no puede hacerse evadiendo los organismos de la constitución”, según explicó el diputado Juan José Mussi.

Mussi resaltó y enumeró la obra pública realizada en los últimos años “sin emergencias y sin evadir los mecanismos de control tantas veces declamado”.

El proyecto establece que previo a la adjudicación de los contratos, los ministerios deberán dar intervención a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría de Gobierno los que tendrán un plazo de siete días para expedirse y si en ese plazo no emiten dictamen se entenderá que no existen objeciones.

También faculta a los ministerios, secretarías y entes autárquicos a rescindir, renegociar, aumentar o disminuir hasta un 35 por ciento las prestaciones y montos de los contratos actuales.

Autoriza también al Poder Ejecutivo a intervenir todos los entes, empresas y sociedades de propiedad del Estado provincial.

Crea también una Comisión Bicameral de seguimiento y control de la emergencia que estará integrada por tres diputados y tres senadores.

Prevé también que El Poder Ejecutivo presentará en el término de 60 días desde la entrada en vigencia, un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización y el plazo de ejecución de cada una.