El gobierno bonaerense promulgó hoy la prórroga por un año de la emergencia que rige en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad y de salud penitenciaria. Se trata de la Ley 14.990, sancionada por la Legislatura bonaerense el 15 de diciembre pasado, y publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial de la provincia.
Además, también fue promulgada la Ley 15.005, que impone al Poder Legislativo la obligación de organizar la Policía Judicial, con una norma “idónea, eficaz y de implementación programática”, quedando así derogada la Ley N° 14.424 que había sido promulgada en el 2013.
Así, desde ahora, los fiscales de la provincia de Buenos Aires contarán con un “detective” para colaborar en la investigación de delitos y habrá una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, que analizará las pruebas.
Así lo prevé la nueva ley de Policía Judicial, impulsada por el diputado massista Ramiro Gutiérrez, sancionada en diciembre último en la Legislatura bonaerense.
La nueva ley de Policía Judicial, que deroga la Ley 14.424, votada en 2012 y nunca puesta en funcionamiento, cumple con la manda Constitucional del artículo 166 que le impone al Poder Legislativo la obligación de organizar a la Policía Judicial, con una norma idónea, eficaz y de implementación programática.
La ley crea la figura del detective en función judicial quien tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa conforme las directivas que le imparta el Agente Fiscal.
También crea una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte para la instrucción de causas con delitos de mayor impacto y transcendencia social.
La norma prevé además la creación de un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.