La investigación tiene entre sus principales a la senadora Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa Hotesur, presentó este viernes el requerimiento de elevación a juicio de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice y otros 13 procesados por el delito de lavado de activos.

Según el escrito, entre el 30 de mayo de 2007 y el 12 de noviembre de 2015, los imputados pusieron en circulación dinero “proveniente de un ilícito penal, canalizado a través de la actividad del hotel “Alto Calafate” -perteneciente a la sociedad “Hotesur S.A.”- y de la hostería “Las Dunas”, ambos emprendimientos de propiedad de la familia Kirchner, de modo tal de otorgarle al dinero aplicado –que ascendió a sumas millonarias- una apariencia de legalidad”.

El dinero de origen ilegal provenía “de la adjudicación irregular y fraudulenta de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas de Lázaro Antonio Báez por la suma total, actualizada a 2016, de 46 mil millones de pesos, durante el período 2003-2015, en que el matrimonio compuesto por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner ocuparon, sucesivamente, la presidencia de la Nación, quienes beneficiaron a Lázaro Antonio Báez, amigo personal del primero de ellos, con la mayor porción de contratos de obra pública vial en esa provincia”. Esto quedó establecido en la “causa Obra Pública”, en la cual comenzará el juicio oral contra los imputados a fines de este mes.

En el escrito se explica que tanto “Hotesur SA -sociedad propietaria del hotel Alto Calafate- como la hostería Las Dunas fueron adquiridos por Néstor Kirchner con el único propósito de que él y su familia fueran los destinatarios finales de una porción de los fondos ilícitamente habidos por las empresas de Lázaro Antonio Báez, alejados o distanciados ya de su origen delictual, de modo tal de que la entonces familia presidencial pudiera disponer, bajo la apariencia de una genuina actividad hotelera, de las ganancias ilícitas obtenidas por Báez mediante la adjudicación fraudulenta de los contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.

La OA señaló además que “se demostró que los imputados realizaron retiros de los fondos canalizados sin cumplir con la normativa que rige en materia societaria, al tiempo que se verificó la adulteración de los libros contables con el fin de ocultar la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en este tramo final del proceso de lavado”.

En el pedido de elevación a juicio la Oficina detalla cómo la familia Kirchner vendió propiedades a Báez para conseguir la liquidez necesaria para iniciar el negocio hotelero. “Lázaro Báez, con el dinero direccionado fraudulentamente en su favor a través de adjudicaciones irregulares de obra pública, no sólo permitió a la familia Kirchner comprar los hoteles Alto Calafate y Las Dunas -necesarios para materializar el esquema de lavado-, sino que además, conforme al plan desarrollado, era Valle Mitre S.A. -de su propiedad- la encargada de recibir el dinero de la obra pública y de conducirlo desde sus empresas hacia los hoteles de la entonces familia presidencial”.

“La adquisición de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas llevada adelante gracias a la financiación de Lázaro Báez, sumado al modo subrepticio en que se cedió la explotación de dichos establecimientos a una empresa -Valle Mitre- que no tenía actividad económica significativa y que no estaba en condiciones de afrontar el pago de los altos cánones pactados en concepto de alquiler, la cual absorbió todos los riesgos de la actividad sin que pactaran las usuales garantías y a pesar de recibir exorbitantes sumas de dinero de las empresas del Grupo Báez en razón de contratos simulados, aun así arrojó pérdidas o exiguos márgenes de ganancia, a la par que los dueños de los hoteles recibían márgenes de ganancias extraordinarios con apariencia de licitud, son indicativos de la existencia de una maniobra ilícita tendiente a reciclar los fondos provenientes de las defraudación al Estado Nacional”, concluye la OA.

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