El Senado bonaerense comenzó este jueves con el análisis del proyecto de ley que envió a la Legislatura el gobierno provincial conocido como “ley de góndolas”, que busca garantizar una mayor presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en los supermercados e hipermercados de la provincia.

En ese sentido, la Cámara Alta brindó estado parlamentario y fue girado a las respectivas comisiones para que le den dictamen y pueda ser tratado por los senadores en la próxima sesión.

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo, intentará regular “las buenas prácticas con proveedores” y alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.

Asimismo pretende “evitar el desequilibrio en las relaciones comerciales entre las grandes empresas supermercadistas y sus proveedores, que genera una serie de consecuencias con impacto desfavorable tanto para los consumidores como para los proveedores, especialmente las pequeñas y medianas empresas”.

Con el proyecto, Vidal pretende “promover la competencia, la oferta de los productos de primera necesidad, la concurrencia de proveedores y la transparencia en beneficio de los consumidores, evitar prácticas comerciales abusivas y procurar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas como proveedores de los grandes supermercados”.

El artículo 3 del proyecto dispone que “esta ley será aplicable exclusivamente respecto de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar”.

El Código de Buenas Prácticas entre los supermercadistas y sus proveedores deberá procurar “la inclusión de pequeñas y medianas empresas entre sus proveedores habituales, a los que deberá reservar no menos que el 10% del espacio en góndola”.

Los supermercados mayoristas deberán cuidar que “el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas, no supere el treinta por ciento (30%) del espacio de cada góndola, dentro de la misma categoría de producto”.

Aquellos que infrinjan esta ley sufrirán multas de entre $10 mil a $50 millones, según establece el artículo 12 que modifica la Ley de Defensa del Consumidor.