La CPM reclama medidas positivas del Estado para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), informó este martes que la Suprema Corte de Justicia bonaerense “reconoció el agravamiento de la vulneración de derechos que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en La Plata, Berisso y Ensenada”.

Según la CPM, esa situación “se extiende a toda la provincia” y recordó que desde el año pasado “se había solicitado que se declare la emergencia del sistema de niñez en La Plata, sin embargo el expediente ni siquiera fue tratado por el Concejo Deliberante” local

“El Estado provincial tampoco hizo nada para revertir esta crisis. En paralelo, se alienta la reforma regresiva del sistema penal juvenil ratificando que la única política pública para la niñez es el punitivismo”, explicaron desde la CPM.

Por ese motivo, en febrero de 2018 la CPM presentó en el Concejo Deliberante de La Plata la emergencia del sistema de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA).

“En ese momento, ya se advertía que el desfinanciamiento y vaciamiento del sistema de niñez (ley 13.298) y la ausencia de políticas sociales integrales habían dejado a NNyA en un estado de total desprotección y peligro. Más de un año después, una resolución de la Corte bonaerense confirma este diagnóstico”, recordaron.

En respuesta a una presentación realizada por todos los juzgados de familia del departamento judicial de La Plata, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció el “agravamiento de la situación de riesgo y/o vulneración de derechos por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes” que son destinatarios de las medidas, políticas y servicios del sistema de niñez.

En su resolución, la Corte Bonaerense menciona distintas cuestiones que impiden un adecuado funcionamiento del sistema de promoción y protección de los derechos de NNyA, particularmente la inestabilidad e insuficiencia del personal dependiente de los Servicios locales —en especial de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada— y, como consecuencia, el ínfimo despliegue y mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos.

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