En un reciente fallo, el Juzgado de Primera Instancia de Familia N°1 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a una acción de amparo de una ciudadana dolorense, patrocinada por el Dr. Francisco Stea, obligando a IOMA a realizar un tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad con donación de gametos.

En la sentencia, recaída en los autos caratulados: “M. G. c/ MINIST. DE SALUD – IOMA s/ AMPARO”, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Dr. Marcos F. Val, a cargo interinamente del Juzgado de Familia de Dolores dispuso que en el término de 10 días la demandada deberá cubrir el tratamiento de baja complejidad para madre soltera con donación de esperma debidamente inscripto en el Registro Federal de Establecimientos de Salud de la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. En los fundamentos, el magistrado dolorense entendió que IOMA violó la Ley Nacional 26.862 de Fertilización Asistida, que determina el derecho que tiene todo habitante de la Nación Argentina a la salud, derecho contemplado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 41 y 42 y en la Constitución Provincial en el artículo 36, artículo en el que además se especifica que “la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. A tal fin dicho artículo reconoce el derecho a la salud y el acceso de todos los habitantes de la Provincia a la misma. La Organización Mundial de la Salud reconoce como principio fundamental que la salud se representa como un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente dado por la ausencia de enfermedades.

De esta manera la ley sancionada logra conjugar en forma armónica el derecho a la vida privada con la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva.

Acertadamente, el juez interviniente entendió que “hay un deber de los Estados de proveer lo conducente a tomar medidas positivas para garantizar el derecho a la salud reproductiva y su consecuente e inescindible derecho a formar una familia. De este modo, no basta con que el Estado sólo se abstenga de dañar esos derechos, sino que debe eliminar las barreras naturales y legales (que resulten inconstitucionales) para el efectivo goce de los mismo. Se trata de verdaderos derechos naturales preexistentes a las mismas legislaciones. En este sentido, debe tenerse en cuenta que existen normas de jerarquía constitucional que consagran el derecho a formar una familia en condiciones de igualdad tanto para hombres, como mujeres, para parejas de igual o diferente sexo”.