El Gobierno nacional compró las primeras 100 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad, operación que tuvo un costo de más de 5 millones de pesos, y que pasarán a formar parte de su dotación para contar, según afirman las autoridades, con un medio no letal a la hora de realizar detenciones de personas que estén en situación de poner en peligro a terceros o a sí mismos en contextos de alta concentración de público, como en andenes ferroviarios, vía pública o terminales aeroportuarias.

Tras el proceso de licitación, el Poder Ejecutivo se inclinó por la oferta de la empresa Axon, que entregará 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. La operación de compra fue de 5.285.000 pesos: cada pistola costó $36.635, mientras que el valor de los cartuchos operativos fue de $1.005 y los de capacitación, $966.

La adquisición de este tipo de armamento no letal se da a casi tres meses de la reglamentación del uso e implementación por parte del Gobierno. En mayo pasado, mediante la resolución 395/2019 publicada en el Boletín Oficial, se había establecido que en agosto de 2019 empezarían a ser utilizadas estas armas electrónicas por los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para tareas de prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.

De acuerdo a la legislación vigente, este tipo de pistolas serán empleadas “para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse”, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o “para impedir la comisión de un delito de acción pública”.