El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, acompaña al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y a los veinte Colegios departamentales que lo integran, que están trabajando para el inmediato restablecimiento del funcionamiento del Poder Judicial. La Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de Justicia están en pleno
progreso y desarrollo en tecnología informática para hacerlo posible y seguro.

Ante la situación de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus COVID 19, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que no se interrumpa el acceso a la jurisdicción y se continúe trabajando apoyándose en el expediente electrónico y otros medidas especiales para un mejor desarrollo.

El Máximo Tribunal de la Provincia resolvió, por medio del Acuerdo 386/20, disponer asueto hasta el 31 de marzo próximo y la prestación mínima del servicio de justicia, limitada a la atención de asuntos de “urgente despacho”. Frente a esto, se agregó en el sistema de
Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, la opción “Solicitar habilitación de feria” en “Otros datos”, para poder habilitar un mejor tratamiento. Le corresponde a cada profesional, manifestar y fundar, las razones por las que la presentación que están realizando no permite postergación.

Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Dolores, se insiste que esta solución de tipo transitorio, no resulta sostenible en el tiempo.
Los justiciables, así como las abogadas y los abogados, necesitan del acceso a la jurisdicción tanto para que se protejan y restablezcan sus derechos vulnerados, como para poder cumplir con la responsabilidad profesional.

La resolución de la Presidencia del Máximo Tribunal N° 10/2020, así como otras posteriores, tales como las N° 12/2020 y 13/2020 han receptado aportes y propuestas realizadas desde el COLPROBA, las que se venían trabajando en el ámbito de la Comisión de Expediente electrónico y posteriormente en el Comité de Emergencia específico, convocado por la Suprema Corte, en el que hemos participado en representación de la
abogacía provincial.

A partir de los criterios adoptados en las mismas, se encuentran sentadas las bases para que pueda restablecerse, a partir del próximo 1° de abril, un adecuado funcionamiento del servicio de justicia.

Ello sin restricciones basadas en criterios de “urgencia” y protegiendo la salud de trabajadores y trabajadoras judiciales, jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, abogadas, abogados, otros auxiliares de justicia y de toda la ciudadanía.