El Senado bonaerense sancionóla declaración de emergencia sanitaria de los establecimientos para adultos mayores, públicos o privados, mientras persista el estado de emergencia social, económica, productiva, energética y de prestación de servicios.

La iniciativa del Poder Ejecutivo permite que los geriátricos que no están habilitados puedan funcionar, de manera excepcional, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el marco de la pandemia, mientras tramitan la correspondiente habilitación. El objetivo es limitar los cierres de estos establecimientos para evitar traslados y reubicaciones de pacientes.

Así también se crea el Programa Geriátricos de la provincia de Buenos Aires para fortalecer su funcionamiento mediante la asignación de subsidios.

Por otra parte, la Cámara alta convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo propiciando la suspensión temporaria por la pandemia de las ejecuciones hipotecarias y prendarias en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa permite que los alcances de los decretos nacionales 319 y 320 de este año puedan aplicarse en la Provincia.

De este modo se suspenden las ejecuciones hipotecarias de los inmuebles destinados a vivienda única, las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo y toda ejecución o lanzamientos colectivos que afecten a una pluralidad de familias, por el término de 90 días.

En tanto que prevé la suspensión de los procesos de desalojo de vivienda única, habitaciones para vivienda, inmuebles para actividades culturales o comunitarias, inmuebles rurales de pequeñas producciones familiares, inmuebles alquilados a monotributistas, pequeñas y medianas empresas, cooperativas o empresas recuperadas.

También se crea el Consejo Asesor de Conflictos de Emergencia Habitacional para intervenir en caso de desalojos que afecten en conjunto a cinco familias o más que se encuentren en un barrio popular incluido en los registros oficiales. Tendrá que establecer un manual de buenas prácticas en procesos de desalojos de familias vulnerables e intervenir en los procedimientos proponiendo fórmulas o alternativas que contribuyan a la paz social.

Y por último La Cámara baja provincial avaló los decretos del Poder Ejecutivo provincial que determinan la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social preventivo que se fueron tomando desde que comenzó la pandemia.

A través de la iniciativa girada al Senado, se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar la emergencia sanitaria, así como determinar la suspensión de eventos de participación masiva y la suspensión de cortes de servicios públicos, por 180 días más.

Se exime de Ingresos Brutos a las cooperativas cuya actividad sea la venta de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, así como a los servicios digitales prestados por no residentes en el país. Y se suspenden algunas previsiones de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que los municipios puedan ampliar sus posibilidades de financiamiento.

Acciones contra la violencia de género

Por último el Senado también sancionó un proyecto de ley por el que se incorpora a la norma que establece la emergencia social, económica, productiva y energética, acciones que el Ejecutivo deberá llevar a cabo para prevenir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad.

Para ello el Gobierno provincial podrá optimizar recursos, articular programas y dotar de fondos la Red Provincial de Hogares de Protección Integral. Se lo autoriza a alquilar por contratación directa un lugar para la víctima y a coordinar con los municipios la asignación de recursos presupuestarios. También deberá extender el sistema de alerta temprana y realizar campañas de difusión, entre otras tareas.